Sanidad privada: implementan protocolos contra agresiones
La sanidad privada española despliega mecanismos internos contra las agresiones en sus centros ante la ausencia de un registro estatal homogéneo que permita cuantificar el problema con la misma precisión que en el Sistema Nacional de Salud. Los grandes grupos hospitalarios han optado por protocolos propios de tolerancia cero mientras esperan una trazabilidad que sigue sin llegar.
El Ministerio de Sanidad registró 18.563 agresiones contra profesionales del SNS en 2025, con una tasa de 24,37 incidentes por cada 1.000 trabajadores. El 84,5% fueron agresiones no físicas, como insultos, amenazas, coerción o conductas intimidatorias.
18.563 agresiones en el SNS: la trazabilidad que la sanidad privada no tiene
La brecha de datos entre ambos sectores es el núcleo del problema. El SNS publica cifras anuales consolidadas desde hace años, lo que permite diseñar políticas públicas con objetivos medibles. La sanidad privada, fragmentada en decenas de grupos de distinto tamaño, carece de esa visión de conjunto.
Esta asimetría tiene consecuencias concretas para la gestión. Sin una estadística comparable, los responsables de recursos humanos y seguridad de los centros privados no pueden calibrar si sus protocolos son más o menos efectivos que los de la competencia ni si la tendencia de su organización mejora o empeora respecto al sector.
La falta de registro estatal también dificulta la presión política. Las cifras del SNS alimentan el debate parlamentario, las comparecencias y las dotaciones presupuestarias. La sanidad privada, al no aportar datos agregados, queda fuera de esa conversación pública aunque atienda a uno de cada cuatro españoles.
Grupo Ribera y HLA: dos modelos de tolerancia cero con matices territoriales
Grupo Ribera y Grupo Hospitalario HLA, dos de los operadores más grandes del mercado privado español, han construido sus protocolos sobre la misma piedra angular: la tolerancia cero hacia cualquier forma de violencia verbal, física o psicológica. La ejecución, sin embargo, difiere en los detalles operativos.
Ribera articula su respuesta en siete pasos secuenciales: comunicación inmediata del incidente, evaluación de la situación, activación del servicio de seguridad, acompañamiento al profesional afectado, investigación interna, medidas correctoras y asistencia para la interposición de denuncias judiciales. El grupo subraya que las agresiones verbales son igualmente denunciables y mantiene colaboración activa con el Interlocutor Policial Sanitario de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
HLA eleva la seguridad profesional a rango de prioridad estratégica vinculada a la calidad asistencial. Su método apuesta por la prevención, la detección temprana, la comunicación interna y la coordinación con equipos de seguridad. La filosofía de fondo, según sus responsables, es que "solo se puede mejorar aquello que se mide y se analiza", un principio que explica su énfasis en el registro exhaustivo de datos pese a la ausencia de marco estatal homogéneo.
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Ambos grupos reconocen que los protocolos concretos varían entre centros y comunidades autónomas. Las causas son tres: la regulación regional específica, los planes autonómicos contra las agresiones con distintos alcances, y los canales de coordinación con juzgados, fiscalías y policías territoriales, que no operan de forma idéntica en todo el territorio español.
La medición como asignatura pendiente: ¿hacia dónde apunta el sector?
La apuesta de HLA por medir para mejorar revela una tensión estructural. Los grupos privados pueden registrar internamente todo lo que deseen, pero sin un formato compartido ni una autoridad que agregue, esos datos no generan benchmarking sectorial ni evidencia pública. Es un problema conocido en otros ámbitos de la sanidad privada, como las listas de espera o las infecciones nosocomiales, donde la transparencia voluntaria ha sido desigual.
La colaboración de Ribera con el Interlocutor Policial Sanitario apunta a una vía intermedia: acercarse a las fuerzas del orden sin depender exclusivamente del circuito administrativo de salud pública. Esta figura, creada para facilitar la comunicación entre centros sanitarios y cuerpos policiales, permite que las denuncias tengan trazabilidad judicial aunque no estadística sanitaria.
El escenario más probable a corto plazo es la coexistencia de ambos sistemas. El SNS seguirá publicando sus cifras anuales con metodología establecida. La sanidad privada mantendrá sus registros internos heterogéneos, con los grupos más grandes invirtiendo en sofisticación y los más pequeños dependiendo de la normativa autonómica de turno. La pregunta que queda en el aire es si alguna comunidad autónoma o el propio Ministerio de Sanidad impulsará un registro obligatorio que nivele esa asimetría.
Para los directivos de grupos hospitalarios, la decisión de medir agresiones internamente ya no es opcional: es un activo de gestión frente a aseguradoras, fondos de inversión y mutuas que cada vez exigen más métricas ESG en sus due diligences. El que no mida, no podrá demostrar.
Preguntas frecuentes
¿Qué porcentaje de agresiones en el SNS son no físicas?
El 84,5% de las 18.563 agresiones registradas en 2025 fueron no físicas, incluyendo insultos, amenazas, coerción o conductas intimidatorias.
¿Por qué varían los protocolos entre comunidades autónomas?
Las diferencias responden a la regulación regional específica, a los planes autonómicos contra agresiones de distinto alcance, y a los canales de coordinación con juzgados, fiscalías y policías territoriales, que no son idénticos en todo España.
¿Qué es el Interlocutor Policial Sanitario?
Es una figura de coordinación entre centros sanitarios y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil) para agilizar la prevención y respuesta ante agresiones, sin depender del circuito administrativo de salud pública.
Información publicada originalmente por Redacción Médica.